Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo ).– Asociaciones de periodistas de Colima demandaron al gobierno del estado que evite promulgar el Reglamento de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, porque –aseguraron– no los representa ni otorga garantías para desarrollar su actividad con seguridad, para ellos ni para sus familiares.
La situación de indefensión en que laboran periodistas de Colima no es un asunto nuevo. Derivado de diversos casos en que amenazas y agresiones contra comunicadores quedaron en la impunidad, los periodistas organizados exigieron una Ley que los protegiera.
La Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico llegó por fin en junio de 2012. Aunque en uno de los artículos transitorios, la propia Ley obligaba al Gobierno estatal a emitir el reglamento en un plazo no mayor a 180 días, ha pasado más de un año sin que esto suceda.
Fue hasta el 15 de julio, cuando el gobierno local entregó un proyecto de Reglamento. Se advirtió a los periodistas que tenían cinco días para entregar observaciones, sugerencias y recomendaciones al texto, con la advertencia de que si se entregaban en el plazo estipulado, se aplicaría la afirmativa ficta, es decir que se entendía que los comunicadores daban su aprobación.
Por lo menos, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima (PECIC) y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) han alzado la voz para expresar su descontento con la propuesta de Reglamento del Gobierno de Colima.
Aquí algunas de sus observaciones:
El artículo séptimo del Reglamento detalla que la Junta de Gobierno, principal órgano de toma de decisiones para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, se integrará por representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Procuraduría General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y del Consejo Consultivo.
Esto significa que por lo menos tres integrantes serán designados directamente por el Gobernador y no contempla la participación de ningún representante del gremio en la integración de la Junta de Gobierno.
La Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima (PECIC) se inconformó ante esta situación que claramente coloca al Gobierno del estado como juez y parte en cualquier denuncia de atentado contra la libertad de expresión.
“La integración de la Junta de Gobierno de la Comisión General para la Protección del Ejercicio Periodístico, señalada en el artículo 7 del reglamento no es la adecuada, pues está integrada en su mayoría por funcionarios públicos o de los tres poderes de gobierno, quien en la mayoría de los casos son quienes atentan contra el libre ejercicio del periodismo, es decir que ante un caso de este tipo, actuarían como juez y parte, pero con el añadido de que la mayoría señalada antes, les permitirá resolver los asuntos a su favor”.
“Es preocupante el nivel de penetración y control que pretende mantener el Gobierno del Estado en este Reglamento. La Comisión General será operada por la Secretaría de Gobierno, el Gobernador elegirá a los integrantes de la Junta de Gobierno. El presidente de la Junta será el Secretario de Gobierno y, además, ¡el Coordinador Técnico será el titular de Comunicación Social del Estado! Entonces, ¿cuál autonomía e independencia?”, cuestionó la periodista colimense Lilia Campos.
REGLAMENTO NO NOS REPRESENTA: PERIODISTAS
La situación de vulnerabilidad se reafirma en el artículo décimo del proyecto de Reglamento.
“A propuesta del Presidente o cualquier otro integrante de la Junta de Gobierno, se podrá invitar para que participe, con voz pero sin voto, a un servidor público, experto o cualquier persona con conocimiento en el tema de la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, cuya participación estime conveniente, de acuerdo al tema que se vaya a tratar en la sesión.”
En este caso, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) fue la encargada de alzar la voz.
“Creemos que debe hacerse un nuevo reglamento que realmente de representatividad a los periodistas, porque el Gobierno se está abrogando todas las atribuciones, ellos deciden qué funcionario va a estar. Y dicen en algunos casos se invitará a algunos profesionales para abordar el tema de protección a los periodistas. Ese artículo no ofrece ninguna garantía a los periodistas”, afirmó, Juan Ramón Negrete, Secretario Regional de Fapermex.
Los periodistas organizados afirmaron que el proyecto de Reglamento tampoco corresponde al espíritu de la recientemente promulgada Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Por ejemplo, en el artículo 26 de esta norma se estipula que en el supuesto de que un periodista declare que está en peligro inminente su vida o integridad física, el caso será considerado de riesgo alto y se emitirán las Medidas Urgentes de Protección, en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de la solicitud.
En el proyecto de Reglamento no es así.
“Aquí los señores están pidiendo cinco días para recibir la denuncia y hasta 30 días para responder. Pues en ese tiempo ya lo mataron, ya lo enterraron, ya lo velaron, eso no puede ser, eso no nos da ninguna garantía. También señalan ellos que debe de presentarse el interesado a presentar la denuncia, pero si estoy amenazado y no puedo salir, cómo me voy a hacer visible”, indicó Juan Ramón Negrete, Secretario Regional de Fapermex.
“Por eso nosotros demandamos que la notificación pueda hacerse por un tercero, y en caso de ser urgente que no exceda las tres horas para que se salvaguarde la integridad física, tanto del periodista como de sus familiares”, puntualizó.
En otra de sus observaciones, el gremio reclamó que el Reglamento no sea vinculatorio, es decir que no contemple sanciones o procedimientos administrativos contra funcionarios públicos que vulneren la libertad de expresión u omitan atender las medidas de protección.
“Toda la redacción y el sentido del reglamento parece estar diseñado para atender hipotéticas amenazas externas para el ejercicio periodístico, cuando es bien sabido y así lo demuestran las estadísticas, que la mayoría de las agresiones y amenazas a los periodistas tiene como origen las oficinas gubernamentales.
En ese sentido, no solamente este reglamento, sino la legislación que en Colima busca proteger el ejercicio periodístico, no cuenta con una fundamentación real, por lo tanto sus alcances y objetivos difícilmente se cumplirán”, se lee en el texto de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima.
Y agrega, “baste un ejemplo, funcionarios de la PGJE, Secretaría de Seguridad Pública y Policía Estatal Preventiva son actores principales en este reglamento, tanto para su operación como ejecución. Y son precisamente esas tres dependencias las que mayores atropellos cometen en contra del ejercicio periodístico y la libertad de expresión en todas sus variables. Con tales antecedentes, ¿será viable la aplicación y sobre todo utilidad del reglamento?”, cuestionó el texto.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN COLIMA
Marcos Elizarrarás es un fotógrafo del periódico del Diario de Colima que en mayo de 2012 cubrió la visita del entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.
Ese día hubo una manifestación del grupo de estudiantes #YoSoy132, para expresar su descontento con la inequidad en que se desarrollaba el proceso electoral y la cobertura que las grandes cadenas de comunicación, Televisa y Tv Ateca, daba al candidato de la coalición “compromiso por México”.
Cuando los jóvenes se dirigían al centro de la ciudad, un grupo de choque arremetió contra los manifestantes, pero también contra los periodistas que cubrían la marcha, a quienes trataron de arrebatarles cámaras y celulares.
En medio de la trifulca, un sujeto agredió a Marcos Elizarrarás y le intentó arrebatar su cámara fotográfica, al no poder hacerlo porque estaba sujeta al cuello, el reportero gráfico cayó al suelo, lo que le provocó una fractura en la rodilla.
El periodista denunció su caso, pero la respuesta del Gobierno de Colima distó mucho de ser satisfactoria.
“La Procuraduría dio una resolución a medias. Declararon responsable al agresor pero no hubo reparación del daño, no hubo una sanción para el agresor. Al contrario, una vez que se resolvió el asunto, el señor ahora es Director de Comercialización del Ayuntamiento de Colima, al parecer porque existe una línea de compadrazgo con el Gobernador del estado”, relató Juan Ramón Negrete, Comisionado Regional de Prensa de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex).
En otro caso impune, en mayo de 2012 el periodista Sergio Uribe Alvarado de la fuente policíaca del Diario de Colima permaneció detenido e incomunicado durante 17 horas en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tras ser detenido mientras cubría un operativo policial en la colonia Fátima de la capital.
Sergio Uribe denunció públicamente que en los últimos meses había sufrido actos de intimidación por parte de policías, marinos y militares durante sus coberturas de actos de violencia.
Ambos casos fueron atendidos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE), quien emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, concluyó que elementos de estas corporaciones incurrieron en agresiones, intimidaciones y amenazas contra Sergio Uribe Alvarado y Marcos Elizarrarás Mendoza.
“Comparado con otros estados, en Colima estamos bien, no tenemos inseguridad más allá de algunas agresiones de los cuerpos policíacos, amenazas, levantones por alguna circunstancia que no pasan de ser un amedrentamiento a algún compañero que no resulta cómoda su actividad”, afirmó Juan Ramón Negrete.
Sin embargo, apuntó que ningún comunicador debería sufrir este tipo de violaciones a sus derechos humanos, por lo que llamó una vez más al Gobierno estatal a aprovechar esta oportunidad histórica de plasmar en el Reglamento de la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico las condiciones suficientes para garantizar la vida y labor diaria de los periodistas, en condiciones de seguridad.
“Les estamos sugiriendo que mas que parchar este proyecto de reglamento, se trabaje para que hagan uno nuevo y de ser posible que nos sentemos a platicar las diversas asociaciones de periodistas, para que queden plasmadas nuestras observaciones en ese reglamento”, concluyó Juan Ramón Negrete, Comisionado Regional de Prensa de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex).
